Un estudio de la Contraloría General de la República advierte que 5G requerirá una mayor instalación de infraestructura para brindar cobertura en las ciudades intermedias,pero la falta de armonización en los reglamentos actuales puede obstaculizar este despliegue.
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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que las ciudades intermedias necesitan agilizar y estandarizar los trámites de despliegue de infraestructura,para lograr una mayor eficiencia en la expansión de las redes 5G en Costa Rica.
De cara a la subasta de espectro que se concretará a principios de 2025,la institución enfatizó que los gobiernos locales deben intensificar sus acciones para propiciar la llegada de 5G,debido a que esta tecnología requerirá una mayor cantidad de antenas para brindar cobertura en las ciudades.
Según un estudio de la Contraloría sobre la eficacia de los servicios básicos,la implementación de 5G usando las bandas de 3.5 GHz y 2.3 GHz ―que están incluidas en la licitación―exige entre 23 a 541 antenas por ciudad intermedia para habilitar una cobertura total.
“Este despliegue de infraestructura conlleva un aumento significativo en las solicitudes por parte de los operadores de telecomunicaciones para adquirir permisos de construcción e instalación. No obstante,el proceso se enfrenta ante un desafío clave: la falta de armonización entre los distintos reglamentos municipales vigentes”,indica el informe de la CGR.
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A pesar de que hay una normativa a nivel federal,en las siete ciudades intermedias existen tres tipos diferentes de reglamentos para otorgar permisos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Incluso,la municipalidad de Limón no tiene un reglamento en la materia.
También existen importantes discrepancias entre los requisitos y condiciones que establece cada tipo de normativa.
Imagen: CGR
Por ejemplo,el Reglamento General de Licencias Municipales en Telecomunicaciones y los reglamentos autónomos establecen que,para la construcción de torres,los terrenos privados deben contar con dimensiones mínimas de frente y fondo equivalentes al 20 por ciento de la altura de la torre. En contraste,el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo exige que estas dimensiones sean del 30 por ciento.
La falta de armonización dificulta y entorpece la construcción de las redes de telecomunicaciones,y será una limitante para la expansión de 5G si no se resuelve.
Hasta ahora,los gobiernos locales no han asumido proactivamente su rol instrumental y habilitador para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones,y todavía no terminan de comprender que el acceso a estos servicios constituye un derecho humano,puntualizó la Contraloría.
Sin embargo,su participación es necesaria “para cumplir con la visión de futuro de ciudades intermedias”; brindar oportunidad para las personas en estas ciudades; así como permitir la generación de ventajas competitivas para el sector empresarial.
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La Contraloría General de la República recordó que el despliegue,renovación y operación de las redes de telecomunicaciones se considera de interés público en Costa Rica,y existe la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones.
A pesar de que los gobiernos locales tienen la obligación de alinearse con dicha ley,la institución advirtió que aún no la adoptan aunque el plazo venció en mayo de este año.
Por otro lado,en su estudio sobre los servicios públicos la Contraloría también examinó el alcance de la tecnología 4G,el cual señala que aún es desigual en las ciudades intermedias.
La cobertura de los tres principales proveedores de Internet 4G de las ciudades intermedias Ciudad Quesada,Guápiles,Liberia,Limón y Pérez Zeledón acumulan baja cobertura de internet móvil 4G,sobre todo en el grupo de localidades que están más alejadas del centro.
Por ejemplo,las comunidades en condición de vulnerabilidad ubicadas en las ciudades intermedias como Liberia y Limón “evidencian una menor cobertura en la periferia respecto al centro de la ciudad”.
Esto,dijo la CGR,limita el acceso a otros servicios y actividades como el acceso a la información,la educación y la telemedicina,“lo que termina ensanchando la brecha de exclusión social y su condición de vulnerabilidad”.
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